Migrantes venezolanos no tienen protección ante el coronavirus en Norte de Santander

• Comedores comunitarios y albergues cerraron como medidas preventivas al COVD-19. Es incierto todavía qué cuidados se tomarán para evitar el contagio y asegurar su atención

Aunque todavía no se han detectado casos de COVID-19 en la población migrante de este departamento, el hacinamiento, la falta de atención en salud y la garantía para suplir sus necesidades básicas son las principales preocupaciones. Piden apoyo financiero para atender ambas problemáticas.

Comedores comunitarios y albergues cerraron como medidas preventivas al COVD-19. Es incierto todavía qué cuidados se tomarán para evitar el contagio y asegurar su atención.

La Organización Mundial para la Salud (OMS) señala que, en situaciones de pandemia, como la que estamos viviendo a nivel global con el COVID-19, la población migrante y refugiada es la más vulnerable, no solo porque es la más expuesta al contagio y transmisión de enfermedades, sino porque el acceso a servicios para otro tipo de afecciones se interrumpe, ya que los sistemas de salud se desbordan y la capacidad de los gobiernos locales es muy limitada. 

En Norte de Santander, departamento fronterizo que recibió a 202.727 venezolanos en 2019 según Migración Colombia, esto ya está ocurriendo. En este departamento ya son seis los casos de personas contagiadas, por lo que este territorio entró en aislamiento social obligatorio desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de marzo. Sin embargo, el gobernador Silvano Serrano no explicó cómo funcionará esta medida para la población venezolana migrante que está sin techo o que para comer necesita del trabajo informal diario. 

La crisis migratoria no se detiene por el coronavirus, pero sí le pesa a una institucionalidad local que no tiene la capacidad suficiente de contener ambos fenómenos. Desde el 17 de marzo, día en el que el Gobierno nacional decretó el cierre de las fronteras terrestres, se han presentado denuncias de agresiones y persecuciones a venezolanos por parte de las autoridades del departamento para prohibir su ingreso a municipios como Pamplona.

Esto, porque el decreto 0032, que expidió ese mismo martes el alcalde de Pamplona Humberto Quintero, permitió la intervención de la Policía para prohibir el ingreso y permanencia de migrantes en condición de irregularidad, como medida de contención del coronavirus. La Red Humanitaria fue la primera en denunciar que estaban cometiendo violaciones a los derechos humanos al pedir documentos y detener a quienes no tenían el permiso permanente para luego mandarlos de regreso a pie. A otros, según la Red, los llevaron al Coliseo de Pamplona, pero sin ninguna medida de prevención de contagio o sin verificar sus condiciones de salud. 

“Estaban bajando de los buses a quienes están en situación de irregularidad por sus papeles y los mandaban a caminar por el Páramo de Berlín de regreso. Entonces, si no les da el coronavirus, se enfrentan a morir del frío. Me parece inhumano que hagan unos operativos tan irresponsables. Lo ideal sería que habilitaran un transporte humanitario para devolverlos”, aseguró José Luis Muñoz, miembro de la Red Humanitaria. 

Sobre esa situación, el gerente nacional de fronteras, Felipe Muñoz, dio su versión: “Sin consultar con los otros niveles de Gobierno involucrados, la administración del municipio decidió retornar a migrantes y llevarlos fuera de él. Esta situación se solucionó. En algunos casos los migrantes decidieron retornar voluntariamente y en otros se les consiguió un albergue temporal en el área de La Donjuana”. 

Además de poner en peligro la integridad de los migrantes, el decreto también ordenó la suspensión temporal de los cuatro albergues que operaban en ese municipio. Esta medida fue tomada a raíz de una inspección hecha por el Instituto Departamental de Salud, la cual concluyó que ninguno tenía la infraestructura necesaria para aplicar los protocolos de prevención del COVID-19 establecidos por el Ministerio de Salud. Por ejemplo, no cuentan con el espacio suficiente para que haya distancia de un metro entre cada persona ni con baños y lavamanos en buen estado que les permitan asearse y evitar enfermarse.

Víctor Bautista, secretario de Frontera de la Gobernación de Norte de Santander, le respondió a este medio que a las 87 personas que estaban en estos albergues se les acompañó en su regreso a Táchira y que las demás están recibiendo ayudas humanitarias o en efectivo con apoyo de la red de cooperantes internacionales. También manifestó que están coordinando los recursos para hacer las adecuaciones de los albergues. 

Sin embargo, la versión de Felipe Muñoz, gerente de fronteras es distinta. Señaló que los albergues se cerraron solo para nuevas personas. “Estos siguen funcionando, pero está prohibida la entrada y salida de nuevas personas a ellos. También se están buscando los mecanismos para hacer entrega de alimentos a la población vulnerable. La coordinación con las diferentes iglesias es fundamental para que este ejercicio logre el resultado esperado”, respondió vía correo electrónico al ser interrogado sobre cuáles eran las alternativas de protección para la población migrante venezolana que quedó varada por el cierre de frontera.

La situación también es delicada en Cúcuta. “Para evitar las aglomeraciones y el contagio, se ordenó el cierre de dos comedores que atendían entre 4.000 a 5.000 migrantes venezolanos con almuerzos diarios”, explicó Bautista y dijo que, como respuesta a este cierre, se habilitó la entrega de dinero en efectivo para que se abastecieran ellos mismos y se les entregaron algunos mercados a través del Programa Mundial de Alimentos. 

Pero para la Red Humanitaria hay gran preocupación por la hambruna que se pueda generar tanto en Cúcuta como en municipios aledaños como Villa del Rosario o Puerto Santander. 

A esta preocupación se sumó la de Eduardo Espinel, de la Fundación Venezolanos en Cúcuta. Señaló que muchos de los venezolanos que tienen permiso permanente trabajan de manera informal como carretilleros, es decir, ayudando a pasar maletas y mercados. “Trabajan día a día y con los $20.000 que ganan pagan la noche en el hotel y la alimentación de su familia. Tenían que apoyarse en lo que les daban en los dos comedores”. Contó además que, tras el cierre de la frontera y las medidas preventivas para evitar las aglomeraciones, a varios los desalojaron de los albergues y están viviendo hacinados en habitaciones con 20 personas más. 

La pregunta que se hacen tanto Espinel como Muñoz es qué va a pasar en el caso de que una de las personas que viven en estos hoteles se contagie y de qué manera serán atendidas por las instituciones de salud o el Gobierno. 

“Quienes llegaron de Venezuela no están siendo tomados en cuenta. Se tomaron las medidas, pero no visualizaron la situación que están viviendo ellos. Nuestra recomendación es focalizar esta población, caracterizarla y atenderla pidiéndole ayuda al gobierno y la cooperación internacional”, agregó Eduardo Espinel. 

Víctor Bautista, de la Gobernación, reconoció que es una situación que está desbordando las capacidades del departamento. Según él, hay 200.000 venezolanos que permanecen en Norte de Santander y el hacinamiento y su situación en los barrios de invasión son las mayores preocupaciones. “Entendemos que es un tema que se desbordó, que no tenemos solución inmediata porque las dimensiones son gigantes, pero desconocidas. La capacidad de albergue en el departamento no supera los 700 u 800 cupos, pero sabemos que en los barrios y estaderos pasan miles y miles de venezolanos”.

¿Qué medidas de prevención y atención tomará la Gobernación con la población migrante? Bautista insistió en que están mitigando la situación con las medidas preventivas del Gobierno, la entrega de dinero en efectivo o los mercados y que, en caso de algún contagio -que hasta el momento no se ha presentado dentro de esa población según él- se están preparando para adaptar albergues u hostales para los aislamientos preventivos. “No tenemos la capacidad logística y financiera para enfrentar todos los temas al mismo tiempo: cierre de frontera, coronavirus y la irregularidad de los pasos con Venezuela. Necesitamos respaldo institucional y financiero para controlar la situación”, y agregó que para eso se están articulando con el Gobierno Nacional. 

Las trochas ilegales son focos de contagio, añadió, y aunque hay Ejército y Policía en la zona, es imposible vigilar todos los pasos. Por otro lado, denunció que han llegado buses con migrantes venezolanos desde el sur del país para que sean atendidos en Norte de Santander, por eso, le pide al Gobierno Nacional que instruya a la policía de tránsito para que no siga ocurriendo esta situación. 

Las respuestas de los funcionarios no dan mucha esperanza de que la situación de los migrantes pueda mejorar. Frente a la solicitud de los mandatarios locales y regionales de mayor apoyo del gobierno nacional, en esta coyuntura, el gerente de fronteras a nivel nacional recordó que existen limitaciones de recursos para atender el fenómeno migratorio. 

“A pesar de eso, con creatividad, compromiso y la mejor voluntad hemos atendido a los 1,8 millones de migrantes que han entrado con vocación de permanencia, y los casi 5 millones que lo haces de forma pendular. Ahora tenemos una situación sin precedentes con la epidemia de Covid-19, la cual estamos afrontando con medidas que van a ir mejorando día a día, y que requieren un esfuerzo mayor de todos los actores, estatales, privados o de cooperación internacional, que estamos inmersos en esta labor”, recalcó.

El Venezolano Colombia/El Espectador

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