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Las autoridades en Norte de Santander denunciaron el incremento del fenómeno de reclutamiento de menores de edad migrantes a manos de grupos armados, que delinquen en la región del Catatumbo.
Según las comunidades del sector, las cifras de menores que han sido tomados por estas estructuras ilegales, para hacer parte de sus filas, han aumentado notablemente y aunque las autoridades desconocen el número exacto de los niños víctimas de ese flagelo, aseguran que los reportes de las familias venezolanas sobre esta situación es alarmante.
Por su parte, las cifras entregadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la consejería para los derechos humanos de la presidencia de la República, los municipios de Tibú, El Tarra, San Calixto, Convención y Hacarí, son las zonas donde se han presentado las más altas cifras de reclutamiento de menores de edad, en los últimos días, por parte de actores armados que tienen injerencia en el departamento.
Además la migración de población venezolana es uno de los escenarios que ha sido utilizado por diversos grupos al margen de la ley, para continuar aumentando este fenómeno.
LAS VÍCTIMAS SON DE LA ÉTNIA BARÍ
Felipe Corzo, secretario de Gobierno de Norte de Santander, señaló a RCN Radio que menores de edad indígenas de etnias colombianas y venezolanas están siendo objeto de reclutamiento por grupos armados que delinquen en la región.
“Tenemos información de que niños de la comunidad Motilón-Barí que hacen presencia en ambos países están más expuestos a ser víctimas de reclutamiento», expresó el funcionario departamental.
Además agregó que: “No tenemos un registro del número real de menores reclutados en la región, sabemos que los hay, es imposible llegar a las filas de estos grupos para ver cuántos niños están en estas organizaciones, porque incluso las denuncias que son presentadas ante las autoridades no son muy claras”.
En Norte de Santander, en los últimos meses, más de seis menores han sido recuperados de las filas de grupos ilegales que delinquen en la región, los cuales fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.
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